La crisis del coronavirus está teniendo un fuerte impacto en todos los sectores de actividad: transporte, turismo… En los medios de comunicación abundan las noticias sobre las medidas de reactivación de estos sectores tan importantes para el PIB de nuestro país. También se hace referencia a la construcción, el tan manido “ladrillo”, pero pasando casi siempre de largo por la contratación pública, que representa el 20% del PIB español, con una relevancia económica innegable.
Entre marzo y abril, el 78% de las obras quedaron paralizadas, fundamentalmente, por motivos de seguridad frente al contagio. Y a día de hoy, los retrasos continúan siendo enormes, fundamentalmente, imputables a las administraciones locales. Antes de la crisis del coronavirus, los tiempos de espera en la tramitación de las licencias eran ya muy dilatados. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España estimó que estos últimos oscilaban entre los ocho y los doce meses cuando, por ley, no deberían superar los tres. La Comunidad de Madrid anunció que se sumaría a las de Andalucía y Murcia en la sustitución de licencias de obra por declaraciones responsables. Pero lo importante ahora es empezar a reactivar también la contratación pública. Para combatir la crisis mediante la reactivación del tejido productivo y empresarial, pero fundamentalmente para que los ciudadanos podamos disfrutar de unos servicios públicos de calidad.
Para colaborar en este sentido, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en el marco de sus funciones de supervisión de Contratos del Sector Público, acaba de publicar la “Guía para la Reactivación de la Contratación Pública tras el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos”. Con un doble objetivo: por un lado, facilitar los recursos y opciones disponibles en el marco legal vigente a los órganos de contratación; y por otro, aportar toda la información necesaria a las empresas para que ésta puedan operar dentro de la seguridad jurídica sin que se vean afectadas por las medidas y actuaciones derivadas de la crisis de la COVID-19.
La guía se divide en tres apartados que abordan al detalle la tramitación de los procedimientos de contratación que se reanudan después del levantamiento de su suspensión en función de su fase –de preparación, licitación, adjudicación o en espera de formalización–, la tramitación del recurso especial en materia de contratación y los efectos sobre los contratos en fase de ejecución suspendidos por el coronavirus.
